Mauricio Fernández y nueva ley de delitos económicos: ”Quedó un estatuto mucho más potente y razonable”

Es el jefe de la unidad de la Fiscalía Nacional que presta apoyo y coordina a las distintas entidades en materia de delincuencia económica y medioambiental, de ahí que Mauricio Fernández sea una figura clave en lo que respecta a la implementación de la nueva normativa de delincuencia económica, que comenzó a regir el 17 de agosto pasado. Y en esta entrevista detalla a Diario FInanciero cómo se ha preparado el Ministerio Público para enfrentar la implementación de este nuevo estatuto.

“El fiscal nacional está dictando instrucciones generales. Esta legislación pone muchas más exigencias para que un fiscal llegue a un procedimiento abreviado y promueve el juicio oral” .

-¿Cambian sus atribuciones con la entrada en vigencia de la ley de delitos económicos?

-Lo que cambia es el escenario donde se mueven y dirigen las investigaciones los fiscales. Los fiscales de delitos medioambientales o económicos hoy día tienen que aplicar un estatuto que es más amplio y distinto.

 -¿Ustedes participaron en la tramitación, plantearon sus puntos de vista y estos quedaron consignados en la ley?

-La primera aproximación fue valorar que se modernicen términos de figuras y sanciones más adecuadas a las características de la delincuencia económica; y una valoración muy relevante de la incorporación de figuras penales más sistemáticas y mejor elaboradas, en relación a la delincuencia medioambiental, que tenía respuestas penales muy limitadas frente a graves atentados contra el medio ambiente.

 -Respecto del contenido en específico, ¿diría que quedó bien?

-Creemos que toda normativa es perfectible. La primera aproximación institucional es que ha habido avances, que quedó un estatuto mucho más potente y razonable, en términos de respuesta severa frente a atentados graves. Pero hay cosas que habrá que ir mejorando con ajustes en función a la experiencia de aplicación práctica, porque una cosa es cómo un fiscal construye casos y los lleva a tribunales; y otra, fundamental, cómo la aplicarán los tribunales.

-En lo concreto ¿Cuántos son los delitos que finalmente se crean?

-Lo más relevante es que, en lo grueso, se aplica para una categoría limitada de empresas, que son las medianas y grandes. Eso ya marca un ámbito de aplicabilidad acotado. La gran mayoría de los delitos económicos se siguen rigiendo por la normativa de toda la vida. Y hay pocos delitos creados, algunos en relación a ciertas figuras de secreto empresarial; figuras vinculadas a lo medioambiental, que serán unos nueve delitos; hay figuras relacionadas con el abuso del empleador o el abuso de vulnerabilidad -que es un tema relevante en términos de impacto público-, en contra del trabajador o en contra del arrendatario. Esto se da mucho, y hasta el 17 de agosto no era delito.

-¿Es real que se hace efectiva la pena de cárcel y se terminarían las clases de ética?

-En la hipótesis de delincuencia en el contexto de empresas de envergadura, efectivamente, las sanciones son más severas. En estos días, el propio fiscal nacional, en la línea del espíritu de esta legislación, está dictando instrucciones generales, respecto de que la severidad que marca esta legislación también sea tomada en cuenta para el análisis de salida alternativa o incluso procedimientos abreviados, para delincuencia económica grave de gran magnitud, que es acotada pero afecta a muchísima gente. Pone muchas más exigencias para que un fiscal llegue a un procedimiento abreviado y promueve el enjuiciamiento en el juicio oral, en hipótesis de grave afectación patrimonial en delitos, sobre todo de fraude…

Coordinación

-En materia ambiental, ¿es todo más nuevo?

-Es todo más nuevo, pero hay harta experiencia, sobre todo a través de la fiscal medioambiental más destacada que tenemos que es Ana María Aldana, que ha tenido varias experiencias, tanto de juicio oral como en la construcción de acuerdos en el marco de suspensiones condicionales con alto contenido. Pero hay altas expectativas de que el sistema medioambiental se complementa con esa respuesta adicional penal; por eso, una de las primeras iniciativas que tomó la Fiscalía fue acordar con la Superintendencia de Medio Ambiente una alianza estratégica para la colaboración recíproca, para una buena implementación de esta legislación.

-¿Qué implica eso?

-Eso implica mucho entrenamiento recíproco, actualización, porque hay que preparar a los fiscales, a los fiscalizadores y a las dos instituciones para entenderse recíprocamente, entender las lógicas de lo medioambiental y también para la colaboración que un organismo público como la superintendencia debe prestar  a las investigaciones penales; y para que haya una aplicación racional, pero completa de esta legislación.

 -Entiendo que en delitos económicos están bastante más preparados, pero aun así, ¿cómo se están actualizando para enfrentar  el desafío que significa aplicar la nueva legislación?

-Tenemos alianzas y trabajo histórico de coordinación con la Comisión para el Mercado Financiero, la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, el Servicio de Impuestos Internos, Aduanas, con todos los agentes de relevancia en esta normativa. Y hemos ido parcelando las actualizaciones, empezando con entrenamientos online en una primera etapa, para llegar rápidamente a todo el país, tanto a fiscales como equipo de asesores. Adicionalmente, partimos con capacitaciones recíprocas con la Super de Medio Ambiente y vamos a seguir avanzando con el resto de los entes públicos. También con las policías especializadas en estos temas. Y hay que hacerse cargo como Estado de la necesidad de complementar esta legislación con otras que permitan su buena implementación, un componente de aterrizaje al operativo fiscal.

 -¿Hoy no existe?

-No, porque eso pasa por ajustes y fortalecimiento al Ministerio Público y a la dotación del Ministerio Público que tiene que ser cambiada por ley, pero esos son ejemplos, lo mismo los fortalecimientos de las policías y de los entes públicos que tienen que ver con el trabajo de base en relación a estas delincuencias. Por ejemplo, en el tema pericial, el Estado tiene que estar a la altura y tener capacidades operativas y periciales. En lo personal -esta  no es una posición institucional- creo que Chile debiera aspirar a tener un ente público forense financiero, que se encargue de las pericias y trabajos técnicos, en relación a la persecución penal de delincuencia económica o medioambiental.

-¿Cómo funciona eso actualmente?

-Hoy día la respuesta estatal, para ese tipo de pericias, está dada por algunos expertos dependientes de algún ministerio o superintendencia. O de alguna policía que tenga, en su brigada especializada o en su laboratorio de criminalística, algún experto en una materia determinada. Esta es una oportunidad para un diseño complejo, porque la Fiscalía hace sus mayores esfuerzos con los recursos que tiene, pero hay que mirar esto en el largo plazo y eso pasa también por hacerse cargo de lo orgánico.

Designación de fiscales

-A propósito del entrenamiento para los fiscales, ¿a qué apunta?

-En la práctica, el fiscal nacional va a renovar las designaciones de fiscales especializados en delitos económicos y medioambientales. Y los vamos a seguir entrenando y actualizando; y también a las policías especializadas. Porque la aplicación de una parte gruesa de este estatuto, que va a tener alto impacto, está diferida.

-¿Cómo así?

-Se estimó que el impacto era muy grande, porque se ampliaban sustancialmente las posibilidades de aplicación de la Ley 20.393 de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Con esta reforma es posible responsabilizar a muchos más entes que antes no estaban considerados. Ese estatuto tiene un año para su aplicación; por lo tanto, hay tiempo para que las empresas se preparen. El 17 de agosto de 2024 se va a comenzar a aplicar. El grueso de estos delitos demanda mucho entrenamiento, discernimiento de las instituciones, sobre todo de la Fiscalía, que es la responsable de interpretar y aplicar el estatuto y hacerlo de forma racional y razonable.

 -¿Qué significa en concreto racional y razonable?

-Eso pasa por cuidar que la normativa tenga una buena implementación y vele porque no haya aprovechamiento con denuncias temerarias y con intentos de instrumentalizar la vía penal, para mejorar posiciones negociadoras.  Eso pasa por el escrutinio que los tribunales de garantía hacen de las querellas, porque ellos son los que tienen la atribución exclusiva de decidir si hay fundamento o no para darle curso. Pero también la Fiscalía, porque un delito no existe sólo porque se denuncia. Lo importante es hacer la investigación que corresponde y tener preparados a los fiscales, porque en esta delincuencia defraudatoria de gran nivel es importante la labor de determinación de perjuicios, que muchas veces hace la propia Fiscalía a través de un equipo altamente especializado de ingenieros comerciales y auditores en una unidad dedicada al apoyo en materia financiera patrimonial y presta un soporte fundamental para este trabajo y el perfilamiento patrimonial de los investigados.

-Usted me decía que estaba consciente de que había que hacerle algunos perfeccionamientos a la ley, ¿cuáles haría?

-Es un poco irresponsable partir con los perfeccionamientos antes que la ley se haya aplicado de ninguna manera. Pero, hicimos observaciones por escrito sobre algunos aspectos vinculados a la ley de Mercado de Valores, por ejemplo. Hay algunas cosas en términos de restricción en la aplicación de los delitos de manipulación de mercado o uso de información privilegiada que creo que van a tener que ser abordados. Algunas hipótesis medioambientales también requieren algún nivel de ajuste. Pero lo primero, lo responsable, es recabar en la práctica las dificultades que van teniendo algunas de las normas en su aplicación. Y debiera haber una instancia en que participe el Ejecutivo, Legislativo y la Fiscalía, para monitorear la implementación de esta legislación y los perfeccionamientos que hay que ir haciendo, no sólo en relación a las normas sustantivas, sino también a ajustes orgánicos e incluso de respuestas provisorias administrativas para fortalecer el trabajo.